*Rebasado el alcalde Abel Bruno Arriaga, por manejarse parcial en el problema

Intervención de modificación y adición al punto de Acuerdo del Dip. Aristóteles Tito Arroyo, respecto a la problemática agraria entre Malinaltepec y Alacatlatzala.

Como bien se clasifica y especifica en el cuerpo del Acuerdo que nos ocupa, Cada autoridad tiene un ámbito de competencia que permite establecer una clara división en cuanto a las acciones que pueden realizar en el cumplimiento de sus obligaciones.

Por ello, es importante que el Acuerdo que se apruebe con el objetivo que se atienda la problemática existente entre los núcleos agrarios de Malinaltepec y Alacatlatzala, del municipio de Malinaltepec, sea atendido por las Autoridades del orden federal como estatal, con base en sus facultades específicas.

Esto en virtud, que unas deben atender lo referente al conflicto agrario existente y que conlleva al establecimiento de mesas de trabajo y de negociación, a fin de llegar a un acuerdo conciliatorio, en donde se satisfagan las necesidades y pretensiones de cada una de las partes y, por otra parte, de aquellas autoridades encargadas del orden y seguridad de la población, donde busquen el restablecimiento del orden y se prevenga la comisión de delitos.

De ahí, que se hace necesario que se modifique el Resolutivo Único del Acuerdo en discusión, con la finalidad de definir y delimitar la competencia de cada Autoridad a quién va dirigida el exhorto.

Por lo tanto, propongo la siguiente modificación y adición, para quedar en los siguientes términos:

PRIMERO.- La Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con pleno respeto a la esfera de competencias, al Estado de derecho y a la división de Poderes, EXHORTA, a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Secretaría de Gobernación, al Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, para que de manera coordinada, establezcan mesas de trabajo, donde a través del diálogo y la sana composición, se llegue a una conciliación que dé solución al conflicto agrario existente entre los pobladores de Malinaltepec y Alacatlatzala, del Municipio de Malinaltepec, Guerrero.

SEGUNDO.- La Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con pleno respeto a la esfera de competencias, al Estado de derecho y a la división de Poderes, EXHORTA al Consejo de Seguridad Nacional, para que a través de la Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana; a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, para que de manera coordinada establezcan mecanismos de prevención en la comisión de delitos entre la población de Malinaltepec y Alacatlatzala, del Municipio de Malinaltepec, Guerrero, por el conflicto agrario existente en la región; así como a las Fiscalías Generales de la República y a la del Estado, para que investiguen y judicialicen las Carpetas de Investigación respecto de aquellos hechos donde se configuren la comisión de delitos que se han dado a conocer por los medios de comunicación por el conflicto agrario que nos ocupa.

ES CUANTO DIPUTADA PRESIDENTA

Chilpancingo de los Bravos, Guerrero; 11 de noviembre del 2020.

CC. DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE LA

SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO.

PRESENTES.

 Diputado Aristóteles Tito Arroyo, con fundamento en lo establecido en los artículos 23 fracción I, y 313 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231; y por segunda ocasión me permito someter a consideración de esta Honorable Soberanía, como asunto de urgente y obvia resolución, la propuesta de Punto de Acuerdo Parlamentario al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es de conocimiento público, la existencia del conflicto de tierras que sostienen los núcleos agrarios de Malinaltepec y Alacatlatzala, ambos pertenecientes al Municipio de Malinaltepec Guerrero, en la parte alta de la región Montaña, donde se han originado actos que afectan a la población de las comunidades y familias, y que pueden seguir escalando a grados que pueden comprometer la vida de los habitantes, tan es así, que ya sucedieron nuevos hechos de violencia, lo cual puede generar más violencia y como consecuencia ingobernabilidad en la región y trascender a nivel nacional e internacional.

La problemática por las tierras de las comunidades, han desplegado una serie de eventos que tensan la situación cada día más; las intervenciones por parte de la Federación, como el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero,  hasta el momento han sido inadecuadas e insuficientes a pesar de las diferentes mesas de trabajo que se han establecido. Violentando con esto los artículos 1°,2º., 21° de nuestra Carta Magna, los artículos 2°, 5° fracción II y 91° fracción I y XIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, así como los artículos 2° y 4° fracción I, II y IX de la ley 777 de seguridad pública del estado.

El artículo 2° de la ley 777 en una de sus partes señala que: “La seguridad pública es una función de servicio prioritario y permanente a cargo del Estado y los municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos, las medidas cautelares, la suspensión condicional del proceso, la ejecución penal.

En el artículo 12 y 13 de la ley de Seguridad Nacional, en el primero señala entre otras cosas lo siguiente: “Para la coordinación de acciones orientadas a preservar la Seguridad Nacional se establece el Consejo de Seguridad Nacional,…” y en el artículo 13 de la misma ley señala lo siguiente: “El Consejo de Seguridad Nacional es una instancia deliberativa cuya finalidad es establecer y articular la política en la materia.

Por tanto, conocerá los asuntos siguientes:

1. La integración y coordinación de los esfuerzos orientados a preservar la Seguridad Nacional;

2. Los lineamientos para que el Centro preste auxilio y colaboración en materia de Seguridad Pública, procuración de justicia y en cualquier otro ramo de la Administración Pública que acuerde el Consejo;

3. Las medidas necesarias para la Seguridad Nacional, dentro del marco de atribuciones previsto en la presente Ley y en otros ordenamientos aplicables.

La ley orgánica de los tribunales agrarios en su artículo 9 fracción VII, refiere lo siguiente: “El Tribunal Superior Agrario será competente para conocer:..

VII. Conocer de las excitativas de justicia cuando los magistrados del propio Tribunal Superior no formulen sus proyectos o los magistrados de los tribunales unitarios no respondan dentro de los plazos establecidos…”

La ley orgánica de la administración pública federal, en su artículo 26, párrafo décimo octavo entre otras cosas señala lo siguiente:… “Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias…

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”

Y en el artículo 41 de la misma ley establece entre otras cosas las siguientes atribuciones:..“b) La regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos”…

La ley orgánica de la fiscalía general de la república en sus artículos 1,2, 3 ,4 y 5 establece el objeto de la ley, fines institucionales, principios rectores, competencia y funciones de la Fiscalía General de la Republica, y el articulo 9 en su fracción XV estable las Facultades de los órganos fiscales… “Aplicar los estándares, nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de niñez y adolescencia, así como el enfoque diferencial y especializado, en las investigaciones y procesos penales…”  y en el artículo 19 de la misma ley fracción IX Y XV:

“La persona titular de la Fiscalía General de la República intervendrá por sí o por conducto de los Fiscales y demás órganos de la Fiscalía en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y las demás disposiciones aplicables y tendrá las siguientes facultades…”

“IX. Ejercer atracción sobre los asuntos competencia de la Institución, para conocer personalmente o designar la Fiscalía Especializada, Unidad de Investigación o Coordinación que deberá conocer de los mismos…”

“XV. Coordinar acciones y suscribir convenios con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, para el desarrollo de acciones conjuntas, de fortalecimiento institucional y de cumplimiento de los fines institucionales…”

Lo anterior obliga al Consejo de Seguridad nacional, a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al Tribunal Superior Agrario, a la Fiscalía General de la República y al Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero a tomar las medidas necesarias y urgentes para el efecto de salvaguardar la seguridad nacional en el municipio de Malinaltepec, Guerrero, en virtud de que diversos pobladores nos han informado de enfrentamientos con armas de fuego, los cuáles han causado heridos y afectaciones a los habitantes, así mismo, han incurrido en detenciones  de defensores de Derechos Humanos.

Los derechos de tercera generación son los clasificados como los Derechos de los pueblos o de  solidaridad, en un escenario internacional enmarcado por la desigualdad de los pueblos en cuanto a sus posibilidades de desarrollo, así como las catástrofes ambientales, contempla entre estos derechos, el derecho al desarrollo y a la paz, el cual ha sido una premisa convencional en los instrumentos, tratados, documentos, convenios y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y los diversos organismos internacionales.

 Es importante reconocer que los conflictos por la tierra involucran aspectos sociales, económicos y culturales, por lo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen que, para construir la solución de controversias, se debe tomar en cuenta las diferentes dimensiones sociales, priorizando la preservación de la paz, los derechos humanos, así como al uso y disfrute de sus territorios.

 El Convenio 169 de la OIT, señala que debe tomarse en cuenta la visión particular, y los fundamentos culturales de cada uno de los pueblos involucrados en la disputa por tierras, para lograr una solución duradera, por ello replantear la solución de los conflictos agrarios, con alternativas que respeten los intereses de los pueblos indígenas, ejidatarios y demás involucrados, así como también el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Hoy es de MÁXIMA URGENCIA el establecimiento de mesas de trabajo, dialogo y acercamientos con los pobladores, tan es así, que ya sucedieron nuevos hechos de violencia, que generan ingobernabilidad, y ponen en riesgo la estabilidad de la región, del estado y de la nación.

Por ello, se propone como una medida de intervención, bajo el principio de preservación de la paz, seguridad nacional y la vida, que se exhorte al CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL, A LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, AL TIRBUNAL SUPERIOR AGRARIO, AL FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA, TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO, AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, AL TITULAR DE LA FISCALÍA DEL ESTADO GUERRERO Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO GUERRERO, para que, de manera urgente, implementen mesas de diálogo y estrategias de solución al conflicto agrario, así como la implementación de medidas de seguridad para proteger a los pobladores y evitar actos violentos y se genere un clima de inseguridad nacional.

En este sentido, resulta importante que este asunto sea votado como de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN por depender de ello la estabilidad, la paz y la seguridad nacional de la región, en caso contrario, esta legislatura por omisión sería corresponsable de lo que pueda derivarse de dicho conflicto ya que sería la segunda vez que se presenta este exhorto. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de este Órgano Legislativo la propuesta de EXHORTO con la proposición del siguiente:

P U N T O    D E    A C U E R D O

ÚNICO.-

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. – La presente Proposición de Acuerdo Parlamentario surtirá sus efectos a partir de la fecha de aprobación.

SEGUNDO. – Remítase el presente Acuerdo Parlamentario al Titular del Ejecutivo del Estado, al Titular de la Fiscalía del Estado y al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, para su conocimiento y atención.

TERCERO. – Publíquese el presente Punto de Acuerdo, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en el Portal Oficial del Congreso del Estado para conocimiento general.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los 11 días del mes de noviembre del año dos mil veinte.

DIPUTADO

ARISTÓTELES TITO ARROYO

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